“Santiago Vidal” per José Maria Mena

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La molt recomanable “La Lamentable” ha publicat fa un parell de setmanes un article  de José María Mena, Ex Fiscal en cap de Catalunya i un dels fundadors de l’associació Unió Progressista de Fiscals, dedicat a reflexionar sobre la situació del magistrat de Barcelona Santiago Vidal, expulsat de la judicatura per haver redactat una Constitució per a la República de Catalunya independent. Comparteixo plenament la seva reflexió, feta pocs dies abans de la seva expulsió, i per això aquí us la ofereixo…

“El magistrado de Barcelona Santiago Vidal podría ser expulsado de la judicatura por haber redactado una Constitución para la República de Cataluña independiente. En realidad lo que hizo fue participar en el estudio jurídico de los criterios o principios que podrían regir una hipotética Constitución en una imaginaria Cataluña independiente. La repuesta del Consejo General del Poder Judicial ha sido fulminante. Se le ha abierto un expediente disciplinario que podría concluir con su expulsión de la judicatura.

El retorcido argumento del Promotor de la acción disciplinaria (una especie de inquisidor permanente creado por Gallardón) es que Vidal ha incurrido en dos faltas disciplinarias muy graves. Dice el Promotor que “todos los magistrados tienen la obligación de abstenerse de ejecutar cualquier actuación que ponga en peligro valores o principios constitucionales”. Según el criterio inquisidor el estudio teórico de Vidal pone en peligro “la dignidad, integridad e independencia del Poder Judicial” que es un valor constitucional. Obsérvese el retorcido galimatías argumental. Se imputa a Vidal atentar contra la independencia judicial por participar en el estudio jurídico de una hipotética Constitución para un país imaginario que para él es deseable, lo cual es, desde luego, democráticamente respetable y jurídicamente inocuo. Se añade a este pretendido atentado una supuesta indignidad en la función judicial. Esta descalificación sin el más mínimo soporte de datos, tiene un contenido de reproche ético que es de todo punto inaceptable. Es un insulto gratuito. El magistrado Vidal en esta ocasión, y a lo largo de su trayectoria profesional, ha dado muestras permanentes de una absoluta dignidad que nadie puede salpicar con imputaciones vacías.

Como el argumento fundamental es absolutamente difuso, impreciso, ideológico y predeterminado a su objetivo inquisitorial, se ha buscado otro argumento más simple y burocrático. Además, según el Promotor, todo esto lo habría hecho Vidal sin pedir la preceptiva autorización al Consejo General del Poder Judicial. En efecto, para realizar estudios jurídicos los jueces y magistrados deben pedir la autorización del Consejo. Pero eludir esta autorización constituye una falta que no lleva aparejada la expulsión. Por eso han tenido que ingeniar la principal acusación: Un juez español no puede ni siquiera pensar en una Cataluña independiente.

Sin embargo, otros magistrados también realizan estudios jurídicos sin previa autorización del Consejo General del Poder Judicial, y no pasa nada. El Presidente del Tribunal Superior de justicia de Madrid, y unos cuantos jueces más, han participado en un estudio sobre informatización de su oficina judicial, a cambio de unas suculentas retribuciones de una empresa privada, según informan los medios de comunicación. Sólo a partir del escándalo que provocó la noticia, el Consejo se ha visto obligado a pedir información sobre algo que ya sabían todos, porque era notorio y además ansiado por muchos.

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El referido presidente tiene entre sus funciones, como Presidente de la Sala de Gobierno del Tribunal, la de estudiar y proponer las medidas necesarias para la mejora de la Administración de Justicia. O sea, que los estudios para la informatización de los tribunales y juzgados madrileños eran y son una parte fundamental de sus funciones. Para eso le paga el Estado. No puede pagarle un sueldo complementario una empresa privada por una actividad oficial.
Resumiendo: a unos magistrados se les ha tolerado una actividad de estudio jurídico directamente relacionado con su función y su cargo, retribuido por una empresa privada, sin que esto se tache de indignidad, y todo ello sin la previa autorización del Consejo. A otro magistrado se le fulmina por realizar un estudio jurídico teórico sobre una materia que no roza su función jurisdiccional, ni es imaginable que pueda afectar a su imparcialidad en los casos concretos que debe juzgar.

La diferencia entre ambos casos es palmaria, y casi avergüenza tener que escribirla: Si Santiago Vidal hubiera participado en la redacción de una reforma constitucional de contenido no independentista, por muy radical que fuera, por muy federalista que fuera, lo más que le habrían imputado es la falta burocrática por no pedir la preceptiva autorización previa. Pero su gran pecado, el imperdonable por el que se permite el inquisidor imputarle indignidad y violación de la independencia judicial, es la reflexión jurídica y democrática sobre la hipótesis de una Cataluña independiente, en la que, como él, sueña también una respetable cantidad de ciudadanos de Cataluña.

Es inaceptable cualquier persecución por causa de las utopías, los sueños, las ideas, aunque discrepemos de ellas, cuando se expresan de forma pacífica, civilizada y democrática. Santiago Vidal, con su estudio, y con su ideal independentista, no ha quebrantado su lealtad a la suprema ley hoy vigente en España, no ha violado su deber de independencia judicial, no ha cometido ninguna conducta indigna. La grave amenaza que se cierne sobre él es injusta, contraria a los principios democráticos, y además, inútil”.

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